Impide falta de personal especializado en NNA llegar al proceso penal

La falta de agentes ministeriales influye en que las carpetas de investigación sobre delitos sexuales en guarderías de Ciudad Juárez no lleguen a un proceso penal.
“Para lograr una judicialización en nuestro sistema de justicia debe haber todos los elementos periciales necesarios para llevar a juez de Control, y que juez de Control tenga la posibilidad de vincular a un proceso penal”, indicó Lydia Cordero, directora ejecutiva de la asociación civil Casa Amiga Centro de Crisis.
“Muchas de las dificultades que vemos entre la denuncia y la judicialización es que no contamos con los elementos suficientes”, lamentó.
De 125 carpetas de investigación abiertas por delitos sexuales en ocho guarderías de esta frontera, sólo 25 han sido judicializadas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Otras 94 permanecen en indagatoria y seis más fueron declinadas a la Fiscalía General de la República (FGR).
Las guarderías donde presuntamente se cometieron delitos sexuales contra infantes son Mi Mundo de Colores, Techo Comunitario, EBDI 32, Loon, Mi Niñito Jesús, Gussi, Mi Pequeño Tambor y CREA III.
Además de la falta de personal, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) cuenta con muy pocos peritos capacitados en infancias.
Ante ello, la organización ha pugnado porque la testimonial infantil sea tomada en cuenta como una prueba anticipada para no revictimizar a niños, niñas y adolescentes (NNA) en el proceso penal, el cual puede llevarse años, tiempo en el que no será igual la forma en que puedan expresarlo.
De ahí que se busca que la testimonial infantil pueda ser tomada como una declaración única.
“Y que conlleve todo lo necesario, tiene todo un proceso y está reconocido jurídicamente como un elemento importante en los procesos judiciales”, explicó Cordero.
El reto como sociedad es empujar políticas especializadas para la niñez.
“Y que estas políticas estén desde el primer momento en que se pone la declaración hasta el proceso final, lo que implica que debe haber periciales especializadas, muchos más elementos, ministerios públicos especializados en infancia”, enfatizó la directora ejecutiva de Casa Amiga Centro de Crisis, quien recordó, no obstante, que el personal de la FEM carga con una gran cantidad de carpetas de múltiples delitos.
Cordero consideró que el peritaje médico también debe ser realizado por pediatras especialistas.
En la actualidad, explicó, lo hace un médico o una médica especialista en victimología.
“Pero no especializado en el cuerpo de niños, niñas, y en este caso bebés”, sostuvo la activista.
“Es decir, todas las niñeces tendrían que tener una visión especializada”, recalcó Cordero.
La organización ha manifestado la necesidad de la creación de una Fiscalía Especializada en Infancias, así como la tipificación del delito de violencia sexual infantil, pero también ha solicitado que se realice una reingeniería en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Hemos exigido mayor presupuesto para la Procuraduría de Protección, para la Fiscalía Especializada de Género, y esto hasta ahora no ha sucedido”, dijo.
Cordero puntualizó que es importante hacer un debate tanto con autoridades como con especialistas, en el que se involucre la sociedad civil especializada que ha acompañado los casos.
Estos cambios, añadió, son urgentes para poder dotar de mejores elementos el proceso de investigación, ya que al no haber ni una fiscalía especializada infantil ni el delito tipificado como violencia sexual infantil, el personal de la FEM se allega de lo que tiene y lo que puede.

Fiscalías rebasadas
Al respecto, la diputada María Antonieta Pérez, integrante de la Comisión de Igualdad, consideró que las fiscalías han sido rebasadas.
“Están rebasadas definitivamente por la cantidad de delitos, y falta obviamente mucho presupuesto”, recalcó Pérez.
“Las fiscalías en estos últimos años de María Eugenia Campos recibieron solamente en cinco años 36 por ciento de incremento a su presupuesto, 7 por ciento anual”, refirió la morenista.
Para la legisladora, esa cantidad es inferior cuando los delitos se han multiplicado.
“Te dice que no está actuando con una lógica presupuestal para áreas tan importantes como ésta”, puntualizó.
Pérez, quien también es integrante de la Comisión de Feminicidios, señaló que el tema particular de la violencia sexual en contra de las infancias es más complejo porque los involucrados en solucionar este tema han estado fallando en muchos sentidos.
“Nos están rebasando la rapidez y la cantidad de delitos que se generan con respecto a la forma en que se trabaja en el Congreso, en las fiscalías, el Gobierno estatal”, aseveró Pérez, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración.
Consideró que el Congreso del Estado podría sacar leyes muy eficientes e incluso dictaminarlas rápidamente, pero cuando llega el tema a la Fiscalía General del Estado se topan con que hay ministerios públicos sobrecargados.
“No hay suficientes policías investigadores”, subrayó.
Lo que se podría suponer es que no están suficientemente capacitados, lo cual es un problema ya de entrada entre lo que el Congreso pueda emitir como legislación y lo que en la práctica está sucediendo.
Pérez dio a conocer que, con base en cálculos que ha realizado a nivel estatal, en la FGE existen más de 70 mil carpetas acumuladas, y se cuenta con un déficit de medio millar de policías investigadores, y se toma en cuenta que hay unos mil 200 ministerios públicos.
“Faltan casi 500 para sacar todo el trabajo”, dijo Pérez, quien precisó que al haber mil 200, se calcula que tienen que ser el doble para sacar solamente lo acumulado.
Aunado a ello, explicó la diputada juarense, por cada 100 mil habitantes en el estado de Chihuahua se cuenta con 31 agentes del Ministerio Público (MP).
El promedio nacional es de 11 agentes del MP por cada 100 mil habitantes, en tanto que en el caso de policías investigadores, por cada 100 mil habitantes, Chihuahua tiene 32, cuando el promedio nacional es de 16.
Pérez cuestionó por qué, si Chihuahua tiene el doble de gente al promedio nacional para investigar y procesar ante el juez diversos delitos, hay miles de carpetas archivadas o sin trabajar.
“Ahí habría que hacer un análisis muy a fondo de las fiscalías para ver qué están haciendo los MPs (ministerios públicos), a lo mejor andan en temas de administración, andan con una estructura sobrecargada en áreas que no aportan nada en la investigación de delitos”, expuso la diputada.
“A pesar de que se le ha asignado muy poco presupuesto, tienen por cada 100 mil habitantes el doble de cualquier otro estado, pero además, tal vez la medición que tuviéramos que hacer ahí no es por cada 100 mil habitantes, es por cantidad de comisión de delitos, y ahí te explicas de por qué si tenemos el doble que el promedio nacional, presenta un rezago”, agregó.